Investigación judicial por presuntos malos tratos
Un juzgado ha abierto diligencias tras una denuncia por presuntos malos tratos a bebés en el colegio Alborada investigado, un centro educativo concertado situado en Alcalá de Henares. Las pesquisas judiciales afectan directamente a una maestra de Infantil y a dos directivas del centro escolar. A la docente se le atribuyen conductas de malos tratos dirigidas a niños de corta edad, de entre pocos meses y un año, durante el desarrollo del curso pasado. Por su parte, la investigación judicial también examina el papel de las dos responsables del centro ante la supuesta falta de reacción frente a las advertencias transmitidas por otras profesionales de la institución.
Las diligencias iniciales apuntan a la posible comisión de delitos contra la integridad moral, tratos degradantes y torturas. La causa se puso en marcha tras un escrito presentado inicialmente en una comisaría de la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz. Tras los primeros trámites procesales, el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrejón se inhibió en favor de los juzgados de Alcalá de Henares al ser el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, quedando a la espera del reparto definitivo para continuar con la fase de instrucción.
Las acusaciones y las pruebas incorporadas
La denuncia que ha motivado la apertura del procedimiento judicial se apoya en diferentes elementos probatorios aportados por trabajadoras del centro. Entre los indicios incorporados a la causa figuran grabaciones en audio y vídeo obtenidas por otras profesionales del colegio. Según la información difundida a partir de la denuncia, a la maestra se le imputan agresiones físicas como golpes en la cabeza y en la boca, burlas mientras los menores lloraban, así como prácticas agresivas durante las comidas, obligando a los niños a tragar y tapándoles la nariz, lo que en ocasiones provocaba vómitos o riesgo de atragantamiento.
Las fuentes jurídicas y la acusación señalan que el primer aviso interno se produjo en el mes de febrero, acompañado de un registro sonoro en el que se percibiría un golpe seco seguido del llanto de un menor y la voz de la investigada imitando de forma burlona las palabras del niño. La investigación examina si estas advertencias fueron ignoradas por la jerarquía del centro y por qué la docente continuó ejerciendo sus funciones en el aula de cero años durante los meses siguientes.
Versiones encontradas sobre los plazos y avisos
Existen notables discrepancias entre la versión oficial ofrecida por la dirección del colegio y los datos recogidos en la denuncia judicial. El director del centro, David Arranz, ha sostenido a través de un comunicado enviado a las familias y a los medios que lo publicado contiene información inexacta. Según la versión del colegio, la dirección no tuvo conocimiento de ninguna conducta inapropiada en febrero, situando el primer aviso en abril, momento en el que una profesora advirtió de que la docente había levantado la voz a un alumno.
El centro escolar defiende que tras ese aviso se habló con la trabajadora, se le recordó el protocolo de trato al alumnado y se le hizo un seguimiento. Añade que el 6 de julio recibió un vídeo, abrió un expediente disciplinario de inmediato, apartó a la empleada del contacto con los menores y procedió a su despido disciplinario el 13 de julio. En contraste, la denuncia sostiene que la primera educadora que alertó en febrero fue posteriormente cesada a final de curso alegando una bajada de natalidad, mientras que la maestra investigada siguió en su puesto hasta el verano bajo la fórmula de una finalización de contrato.
La intervención de la Inspección Educativa
Ante la gravedad de los hechos, las instituciones educativas y de supervisión han intervenido en el ámbito de sus competencias. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha confirmado que la Inspección Educativa ha estado en contacto permanente con el centro concertado para recabar información detallada y supervisar las medidas puestas en marcha por la dirección para salvaguardar la protección del alumnado. El departamento autonómico ha evitado realizar valoraciones profundas debido a que el asunto se encuentra en fase de instrucción judicial. Por su parte, el colegio Alborada —que pertenece a la Red Educativa Arenales y depende de la Fundación Arenales— asegura que colabora plenamente con la Policía, el juzgado y la propia Inspección, y ha anunciado una revisión interna de sus protocolos organizativos y de supervisión en las aulas.
