Dos fallecimientos y dos trayectorias contrapuestas
El fallecimiento con escasa diferencia temporal de dos figuras públicas de perfiles tan dispares ha reabierto el debate sobre la historia reciente de España y las tensiones sociopolíticas del país. El pasado miércoles murió Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años cuya reciente situación habitacional desató una intensa polémica nacional, mientras que al día siguiente, el jueves, falleció el veterano político y economista gallego Xosé Manuel Beiras a los 90 años. Un examen detallado de las trayectorias de Maricarmen Abascal y Beiras permite comprobar cómo ambas trayectorias encarnan contextos, aspiraciones y vínculos con la política española totalmente diferentes, marcados tanto por la evolución de las leyes de arrendamientos urbanos como por el antifranquismo militante.
El contexto habitacional y la polémica en torno a Maricarmen Abascal
La historia habitacional de Maricarmen Abascal se remonta a 1956, año en que su padre alquiló un piso en la madrileña calle Sáinz de Baranda, muy cerca del parque del Retiro. En aquel momento regía una normativa de vivienda impulsada durante el franquismo que establecía la prórroga forzosa de los alquileres. Salvo contadas excepciones, el propietario no podía rescindir el contrato al vencer este, y si el titular fallecía, los familiares podían subrogarse en el arrendamiento. Así lo hizo la madre de Abascal tras la muerte del padre en 1961. Laboralmente, Abascal se formó en taquimecanografía y secretariado, trabajando como secretaria del consejo de administración y auxiliar administrativa en una empresa farmacéutica, y permaneció en el piso familiar tras un breve matrimonio sin hijos.
Las fuentes señalan que no existen pruebas documentales de que participara en actividades antifranquistas durante su juventud: no se afilió a organizaciones clandestinas ni militó en sindicatos o movimientos sociales de la época. Su relación con el debate político sobre la vivienda comenzó a transformarse con las sucesivas reformas normativas de la etapa democrática. En 1985, un decreto impulsado por el ministro Miguel Boyer suprimió la prórroga forzosa para los nuevos contratos. Posteriormente, en 1994, el Gobierno de Felipe González, con Josep Borrell como ministro, aprobó una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos que limitaba la subrogación de los hijos a un plazo de dos años, con excepciones para personas con incapacidades superiores al 66% o subrogaciones previas a 2004.
A lo largo de los años, Abascal afrontó diversos contratiempos económicos, como un edicto judicial del año 2000 derivado de una deuda con garantía hipotecaria del Banco Zaragozano sobre una propiedad en Collado Mediano. Ya jubilada, y con una incapacidad reconocida del 50%, su madre falleció en 2005, fuera del plazo para acogerse a la prórroga vitalicia antigua. No obstante, pudo continuar en el piso gracias a la flexibilidad del propietario hasta que el inmueble fue adquirido en 2018 por la empresa Urbagestión, la cual le requirió una renta superior a su pensión, desencadenando un proceso de desahucio. En ese contexto, se vinculó al Sindicato de Inquilinas y dirigió sus críticas a la política de vivienda del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.
Pese a las críticas del Sindicato de Inquilinas y los sectores de la izquierda hacia el proceso de desahucio, las administraciones públicas madrileñas —tanto el Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida como la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso— le ofrecieron hasta cuatro alternativas de alojamiento público y plazas en residencias que ella rechazó inicialmente por su deseo de autonomía o preferencia por residir con familiares, disponiendo además de una casa de su primo en Segovia. Tras la ejecución del desahucio y un ingreso hospitalario en el Gregorio Marañón, un acuerdo mediado por el Ayuntamiento permitió negociar su retorno al piso con una renta reducida, aunque falleció el mismo día en que debía firmar el contrato, sin que los médicos hayan determinado con certeza la causa clínica del óbito.
La figura política e intelectual de Xosé Manuel Beiras
En contraste radical con el perfil de Abascal, la trayectoria de Xosé Manuel Beiras se inscribe en la oposición activa a la dictadura y en la construcción del nacionalismo gallego contemporáneo. Nacido en Santiago de Compostela, Beiras cursó Derecho en su universidad local, licenciándose en 1957, para posteriormente ampliar estudios en la Sorbona en Derecho y Ciencias Económicas, además de Lengua y Literatura Francesa, y completar su formación en la London School of Economics.
Su compromiso político antifranquista se materializó en 1963 con la fundación clandestina del Partido Socialista Gallego, formación en la que militó hasta su dimisión en 1977. Posteriormente, participó en 1982 en la creación del Bloque Nacionalista Gallego, accediendo en 1985 al Parlamento de Galicia. Durante dos décadas al frente de la organización, impulsó una línea moderada orientada a la colaboración institucional con fuerzas como el PNV. Catedrático de Estructura Económica en la Universidad de Santiago y autor de diversos ensayos económicos y políticos, su legado intelectual y su aportación a la consolidación democrática gallega y estatal contrastan profundamente con la tardía y coyuntural movilización social de Abascal.
Impacto político y social de ambos casos
La coincidencia en el tiempo de ambos decesos ha generado lecturas políticas divergentes en el panorama español. Mientras que el fallecimiento de Beiras fue recibido con la naturalidad propia de su avanzada edad y reconocido como el de una figura fundamental en la liquidación del franquismo y el impulso del galleguismo, el caso de Maricarmen Abascal provocó una fuerte confrontación partidista y mediática.
Sectores de la izquierda y el Sindicato de Inquilinas cuestionaron duramente a las entidades gestoras y señalaron responsabilidades políticas gubernamentales, preparando incluso acciones legales, mientras que desde sectores conservadores se criticó la instrumentalización política de su situación habitacional, recordando los rechazos reiterados a los recursos asistenciales públicos ofrecidos por las administraciones madrileñas. Estas discrepancias reflejan la profunda polarización existente en torno a la crisis de la vivienda y la herencia de las políticas de arrendamiento en la democracia española.
