Renfe defiende el cumplimiento de los acuerdos ante el paro de Semaf
Ante la convocatoria de una jornada de huelga de 24 horas para el próximo 29 de octubre, la dirección de la compañía ha emitido una respuesta institucional firme. La operadora sostiene que ha cumplido con la totalidad de los compromisos asumidos en el acuerdo alcanzado el pasado 9 de febrero, un pacto estratégico diseñado para reforzar el sistema ferroviario tras el trágico accidente de Adamuz y que en su día permitió desconvocar los paros previstos para los días 10 y 11 de aquel mes. La empresa remarca que las actuaciones que le competían directamente se han desarrollado de forma íntegra.
La controversia surge en un momento de tensión en el sector del transporte, donde la patronal y los representantes de los trabajadores difieren profundamente sobre el grado de ejecución de los pactos alcanzados. Mientras la entidad pública insiste en que la mayor parte de las demandas extracompetenciales siguen su curso administrativo, los sindicatos denuncian un bloqueo estructural que afecta directamente a la seguridad y a las condiciones laborales en la red ferroviaria.
Las razones de la huelga convocada por Semaf
Por su parte, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) justifica la protesta por la constatación de un bloqueo administrativo en los acuerdos firmados previamente con la administración y las empresas públicas. Según la organización sindical, el paro afectará a todas las empresas del grupo y transcurrirá desde las 00:01 hasta las 23:59 horas de la citada jornada, buscando desbloquear demandas históricas del colectivo.
La organización sindical detalla en su comunicado que esta huelga de maquinistas en Renfe responde a la paralización de los avances pactados en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante. Desde Semaf aseguran que presentaron propuestas para cada mesa de negociación, pero que tanto el Ministerio de Transportes como las empresas y organismos públicos —como Renfe, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF)— se escudan en la lentitud burocrática de coordinar a varios organismos.
El desglose de las medidas ejecutadas según la compañía
Frente a las críticas sindicales, la operadora detalla que el seguimiento de las administraciones implicadas avala su gestión. Respecto a las 24 medidas que excedían su ámbito competencial directo, la compañía apunta que 17 ya se han ejecutado por completo, mientras que en las 7 restantes se avanza a través de los procedimientos técnicos y regulatorios previstos, recordando que dichos puntos no contaban con plazos de ejecución cerrados en el acuerdo inicial.
Asimismo, la empresa señala que elaboró un protocolo propio ante alertas meteorológicas que se encuentra en aplicación desde el pasado mes de marzo, cuya eficacia operativa fue reconocida en su momento por el propio sindicato. No obstante, la organización laboral insiste en la necesidad de dotar de mayor vinculación jurídica a estos procedimientos y de coordinar de manera más ágil las comunicaciones ante situaciones de emergencia climática, reclamando además la implantación de una cultura justa en las cabinas y un canal directo con la AESF y la Inspección de Trabajo.
Empleo y mantenimiento en el centro del debate ferroviario
En el plano laboral, la operadora defiende que cumplió estrictamente el compromiso de impulsar una tasa adicional de contratación de hasta 1.200 trabajadores, orientada a robustecer la operación diaria, optimizar los estándares de seguridad y asegurar la correcta dotación de personal tras completar los procesos de movilidad previos a las Ofertas Públicas de Empleo (OPE). En la misma línea, desmiente cualquier irregularidad en la incorporación de nuevos maquinistas y aclara que ningún empleado de nuevo ingreso se encuentra en situación de beca.
En cuanto al mantenimiento de la flota y las infraestructuras, la compañía destaca que cumplió los objetivos mediante la internalización de actividades clave, el refuerzo de los equipos con personal propio y el incremento de la carga de trabajo en los talleres y bases asignadas. Sin embargo, persisten discrepancias notables sobre otros puntos del convenio, como la atención en casos de arrollamientos, donde la empresa considera derogado el protocolo de 1990 en virtud del X Convenio Colectivo, una interpretación que choca frontalmente con la exigencia sindical de aplicarlo de forma íntegra.
