El Gobierno frena la venta del patrimonio de Muface
El Ejecutivo ha rectificado su plan inicial de venta total de inmuebles de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) tras la fuerte polémica social y política generada en torno al destino de estos activos y los procedimientos de desahucio. La modificación se ha instrumentado por la vía de urgencia en el marco de las medidas recientes sobre vivienda, aparcando de este modo la estrategia que contemplaba la liquidación progresiva de los bienes para sufragar las obligaciones con los pensionistas.
Según confirmó un portavoz del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López, el departamento ha dado marcha atrás en la autorización otorgada a finales del año pasado para enajenar el conjunto del patrimonio inmobiliario. El anterior plan estratégico, denominado Plan Muface Avanza 2 2026-2028 y coordinado por la Secretaría de Estado de Función Pública, preveía el estudio, tasación y venta de estos activos aprovechando la coyuntura alcista del mercado inmobiliario.
En este escenario de debate público, la atención se ha centrado de manera directa sobre los pisos de Muface, cuyos contratos de arrendamiento y situación administrativa han motivado intensos cruces de declaraciones políticas y análisis periodísticos sobre la gestión del patrimonio público de la mutualidad.
El papel de Casa 47 en la gestión del alquiler asequible
Con la nueva redacción normativa, el Ejecutivo opta por mantener la titularidad pública de los bienes en manos de la mutualidad, pero transfiere su explotación operativa. En concreto, el Real Decreto-ley 29/2026 habilita a la empresa estatal Casa 47 para asumir el control de los inmuebles vinculados al Fondo Especial y destinarlos a políticas de vivienda asequible mediante acuerdos patrimoniales de cesión de uso.
La aplicación de esta medida no implica una transferencia masiva ni automática de todos los activos disponibles. El texto legal no detalla de forma individualizada qué viviendas concretas se incorporarán a este sistema ni en qué plazos se materializará la cesión. No obstante, la intervención busca reorientar los recursos patrimoniales hacia la oferta pública de alquiler, distanciándose del propósito recaudatorio que encarnaba la anterior hoja de ruta de la entidad.
Para profundizar en los detalles técnicos de esta medida, cabe señalar que la empresa pública Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio) había sido encargada inicialmente de trabajar en la operación de liquidación, un mandato que ahora queda condicionado por el giro estratégico adoptado por el departamento ministerial tras la repercusión mediática del desahucio de Maricarmen Abascal.
El contexto de la norma y la polémica en torno a los desahucios
La rectificación gubernamental coincide en el tiempo con el debate público desatado a raíz de las informaciones periodísticas sobre situaciones de vulnerabilidad en inmuebles de la mutualidad, un asunto que enfrentó al periodista Javier Chicote y al ministro Óscar López a propósito de la gestión de los contratos de arrendamiento y los procedimientos de lanzamiento.
El Fondo Especial de Muface, encargado de sufragar las prestaciones de los funcionarios adscritos a mutualidades anteriores a 1975, cuenta actualmente con un parque de 204 inmuebles entre viviendas, locales y garajes, de los cuales cerca de 90 corresponden estrictamente a usos residenciales. La letra pequeña del decreto introducido por el Gobierno también ha generado incertidumbre jurídica respecto a la protección de los inquilinos. Según señala el análisis de Vozpópuli, el artículo 12 regula la cesión a Casa 47, mientras que el artículo 2 establece una suspensión temporal de desahucios para vulnerables hasta finales de 2030, pero excluye de forma explícita a los organismos públicos dedicados a la promoción de vivienda social y asequible, un requisito que cumple en principio la propia empresa estatal.
De este modo, el futuro de los inquilinos que residen en estos inmuebles permanece en el centro de la actualidad política, a la espera de que la convalidación del Real Decreto-ley en la Diputación Permanente concrete el alcance definitivo de las protecciones y el funcionamiento operativo de la cesión de los activos a la sociedad pública de vivienda.
