El escrito remitido al juez Santiago Pedraz
El director adjunto operativo guardia civil, Manuel Llamas, ha remitido esta semana un oficio oficial al juez Santiago Pedraz en el marco de la investigación judicial conocida como el caso de las cloacas. A través de este documento, al que han tenido acceso diversos medios, el alto mando del Instituto Armado ha confirmado por escrito que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se puso en contacto con él de manera telefónica tras la aparición en la prensa de una serie de correos electrónicos vinculados al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La comunicación formalizada por Llamas detalla los motivos y el alcance de las llamadas institucionales recibidas en la cúpula de la Benemérita. Según el escrito presentado ante el magistrado, estas conversaciones sirvieron para poner en antecedentes a la dirección sobre los perjuicios derivados de la divulgación de datos personales de personas ajenas a la causa principal que instruía la Unidad Central Operativa (El Confidencial). La defensa del DAO subraya que se consideró oportuno informar sobre las actuaciones adoptadas al respecto debido a la repercusión pública de los hechos.
Las llamadas tras la filtración del correo
El núcleo de esta nueva derivada judicial se centra en desentrañar el grado de participación y conocimiento de los máximos responsables políticos de la seguridad del Estado en las pesquisas internas. El oficio especifica que la dación de cuentas obedeció a que tanto el titular de Interior como la directora general de la institución, Mercedes González, mantuvieron contactos directos relacionados con la génesis de dicha información reservada (OKDiario).
Mientras que el DAO defiende que en otras investigaciones internas de carácter ordinario no se remitían oficios de inicio o conclusión a la dirección general por tratarse de cuestiones estrictamente de gobierno interno, en este supuesto concreto la intervención de los altos cargos ministeriales motivó un canal de comunicación específico. Por su parte, sectores editoriales y análisis jurídicos, como los publicados por el diario ABC, apuntan a que estas actuaciones evidencian un interés político directo debido a la identidad de los afectados por las filtraciones, un extremo que forma parte del objeto de análisis del magistrado instructor.
Contexto de la investigación y antecedentes
Los antecedentes de esta causa se remontan a las pesquisas llevadas a cabo por la UCO sobre asuntos vinculados al entorno familiar del presidente del Gobierno, que posteriormente derivaron en ramificaciones sobre supuestas presiones y filtraciones. En este escenario, figuran como investigadas figuras clave como la propia directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y personas vinculadas tras acreditarse contactos previos con los mandos del Instituto Armado.
El documento aportado por el director adjunto operativo guardia civil detalla asimismo la operativa interna en la gestión de las informaciones reservadas. Según argumenta su defensa jurídica en el oficio remitido a los tribunales, de las tres informaciones reservadas elaboradas en otras tantas unidades dependientes de la DAO no se remitió oficio ni del inicio ni del final de las mismas a la directora general, toda vez que esta estuvo ajena a su génesis y no tuvo participación ni conocimiento previo en su origen ni en su tramitación, al tratarse de cuestiones de gobierno interno que el propio DAO resolvía con los mandos a los que se ordenaba la incoación.
La excepción descrita en el escrito judicial se ciñe a un caso en el que se investigaban hechos denunciados en el Servicio de Asuntos Internos, donde se dio cuenta de palabra a la directora tras haber sido receptora de un escrito anónimo. Las diligencias continúan su curso en los tribunales para esclarecer si existieron irregularidades administrativas o penales en la gestión de los expedientes informativos abiertos tras la difusión de los polémicos correos electrónicos.
