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Estafa tasa BOE empresa: 2.000 euros a Pontevedra

La CiberComandancia de la Guardia Civil esclareció una estafa de 2.000 euros contra una empresa de Pontevedra, que recibió una falsa solicitud de pago por una supuesta tasa de publicación en el BOE.

Agente de la Guardia Civil de la UCO investigando un ciberdelito analizando un dispositivo electrónico y un teléfono móvil en una mesa.

Una empresa de Pontevedra, primera clasificada en una licitación pública para prestar servicios de asistencia técnica, recibió un correo electrónico que pretendía ser una solicitud oficial de pago relacionada con una estafa tasa BOE empresa. Los delincuentes exigieron 2.000 euros bajo el pretexto de una supuesta tasa de publicación del anuncio de adjudicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La operación, detectada y desarticulada por la CiberComandancia de la Guardia Civil, pone de relieve la vulnerabilidad de los procesos de contratación pública frente a la suplantación de identidad y al Business Email Compromise (BEC).

Una falsa tasa por publicar la adjudicación en el BOE

Según el comunicado de prensa difundido por la CiberComandancia de la Guardia Civil, la empresa afectada había quedado primera en la clasificación de un concurso público destinado a prestar servicios de asistencia técnica. Tras recibir un primer mensaje legítimo en el que se le solicitaba documentación administrativa para continuar con el procedimiento de adjudicación, la compañía remitió los datos requeridos por los cauces habituales. Días después, un segundo correo electrónico, enviado desde una dirección muy similar a la anterior pero con ligeras variaciones, reclamó el pago urgente de 2.000 euros en concepto de gastos de publicación del anuncio en el BOE.

Para dotar de absoluta credibilidad al engaño, el mensaje fraudulento incluyó referencias precisas a la normativa vigente en materia de contratación pública, así como datos concretos vinculados directamente al expediente de la licitación en la que participaba la entidad pontevedresa. Convencida de que se trataba de un trámite obligatorio e imprescindible para formalizar el contrato, la empresa efectuó la transferencia bancaria por valor de 2.000 euros ese mismo día y remitió el preceptivo justificante de pago por correo electrónico a los supuestos responsables del procedimiento.

El modus operandi: suplantación y la modalidad BEC

La técnica empleada por los ciberdelincuentes encaja perfectamente en la modalidad conocida internacionalmente como Business Email Compromise (BEC). En este tipo de ciberataques, los autores intelectuales se hacen pasar por directivos, funcionarios o representantes de organismos públicos y entidades adjudicadoras, imitando con gran precisión la estructura, el tono y el formato de las comunicaciones institucionales. En este caso específico investigado por la CiberComandancia, los defraudadores no se limitaron a replicar una dirección de correo electrónico casi idéntica a la oficial, sino que integraron información confidencial y específica sobre la licitación pública.

Esta combinación de suplantación de identidad y uso de datos verídicos facilitados previamente redujo drásticamente la capacidad de sospecha de la empresa perjudicada. La inclusión de referencias técnicas a la normativa de contratación y al Boletín Oficial del Estado generó un falso clima de seguridad jurídica y administrativa, logrando que el equipo gestor de la compañía realizara el abono económico sin realizar comprobaciones cruzadas adicionales a través de los canales oficiales independientes.

Investigación y recuperación del rastro del dinero

Tras percatarse del engaño, la empresa perjudicada presentó formalmente una denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. A partir de ese momento, la CiberComandancia asumió las pesquisas y llevó a cabo un análisis exhaustivo de los correos electrónicos recibidos, los encabezados técnicos de las comunicaciones digitales, la documentación vinculada al expediente de la licitación pública y la trazabilidad de la transferencia bancaria realizada.

Las indagaciones policiales permitieron seguir el rastro digital del dinero hasta identificar plenamente al presunto autor material de los hechos, un individuo residente en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. Una vez completadas las diligencias informativas y recabadas las pruebas necesarias, la Guardia Civil puso el caso a disposición del juzgado competente de San Bartolomé de Tirajana, donde el investigado deberá responder judicialmente por los delitos esclarecidos durante la operación de ciberseguridad.

Impacto y lecciones para el sector empresarial frente al fraude

Este suceso pone de manifiesto la necesidad imperiosa de que las empresas extreme sus medidas de precaución y refuercen los protocolos internos de validación financiera, especialmente cuando se gestionan contratos con la administración pública. Los expertos en ciberseguridad recomiendan contrastar siempre mediante llamadas telefónicas u otros canales independientes cualquier solicitud de pago imprevista, incluso cuando los mensajes parezcan avalados por datos reales de expedientes en curso. La formación continuada de las plantillas en la detección de correos fraudulentos bajo esquemas BEC se consolida como la barrera más eficaz para proteger el tejido empresarial frente a este tipo de ciberdelitos económicos.

Fuentes consultadas

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