La petición de Aneda ante el decreto de alimentación saludable vending
La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda) ha solicitado formalmente al Gobierno que revise el real decreto sobre alimentación saludable y sostenible en centros públicos y sociosanitarios antes de su aprobación definitiva. Desde la patronal advierten de que una aplicación estricta de esta normativa, vinculada directamente al decreto de alimentación saludable vending, podría poner en riesgo unos 2.000 empleos directos e indirectos en todo el país. Asimismo, la organización calcula que la medida reduciría en unos 18 millones de euros anuales los cánones que genera la venta automática en espacios públicos, una cifra significativa dentro de un sector compuesto en gran parte por autónomos y pequeñas empresas.
Según los datos aportados por la asociación, los cánones globales de la venta automática ascienden actualmente a unos 60 millones de euros al año en el conjunto de España. De los 18 millones estimados en pérdidas potenciales, aproximadamente ocho millones corresponderían de manera directa a hospitales, centros sanitarios y residencias sociosanitarias. Aunque la organización empresarial asegura compartir plenamente el objetivo institucional de promover hábitos de vida y dietas más saludables entre los ciudadanos, sostiene que el proyecto normativo actual presenta graves vacíos jurídicos y carece de una evaluación rigurosa sobre su impacto socioeconómico real en el tejido empresarial del sector.
Problemas técnicos y jurídicos señalados por la patronal
El sector de las máquinas expendedoras denuncia que el texto proyectado no contempla las limitaciones operativas y económicas inherentes a esta actividad comercial. La directora general de Aneda, Yolanda Carabante, ha señalado que aprobar la norma en sus términos actuales puede derivar en una oleada de litigios, la presencia generalizada de máquinas vacías en las instalaciones públicas y una merma notable en la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. Entre los principales argumentos expuestos por la patronal destaca el papel insustituible que desempeñan estos equipos en determinados enclaves estratégicos.
En numerosos centros hospitalarios, residencias de mayores y dependencias de la administración, las expendedoras constituyen la única alternativa de avituallamiento disponible durante los fines de semana, los periodos nocturnos o las franjas horarias en las que las cafeterías tradicionales permanecen cerradas. Desde Aneda se recuerda que estas máquinas cumplen una función estrictamente complementaria y diferenciada de la alimentación pautada para los pacientes y residentes. Por este motivo, consideran desproporcionadas unas restricciones que ignoran las características técnicas de los equipos actuales, sus zonas refrigeradas y sus capacidades de dispensación.
La patronal advierte además de que obligar a una modificación drástica de la oferta de productos y exigir una mayor frecuencia en las labores de reposición implicará costes e inversiones muy elevados. Los autónomos y operadores de menor tamaño, que operan habitualmente en ubicaciones de bajo consumo, cuentan con un margen financiero muy estrecho para absorber estos sobrecostes. Esto podría traducirse en la inviabilidad económica de determinados puntos de venta, dejando concursos públicos desiertos o equipos inoperativos por falta de rentabilidad.
La postura del Ministerio y las propuestas de solución
Frente a las demandas del sector, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido la tramitación de la norma y ha restado peso a las críticas de las organizaciones empresariales. El titular del departamento ha calificado recientemente este real decreto como probablemente la medida más relevante pendiente en la agenda legislativa de su ministerio. Bustinduy ha apuntado que el proyecto genera fuertes reticencias debido a la oposición de determinados grupos de presión que carecen de interés en que salga adelante, reafirmando que el texto normativo se encuentra listo para su validación.
Por su parte, Aneda ha intentado mantener vías de diálogo constructivo con las administraciones competentes y asegura haber remitido a varios ministerios una nota técnica detallada con propuestas concretas para resolver las deficiencias jurídicas detectadas. Entre las demandas fundamentales figura la ampliación a 24 meses del periodo transitorio de adaptación para la venta automática, un plazo que según la organización ya aparecía reflejado en la memoria del proyecto, mientras que el articulado definitivo reduce este margen a tan solo 12 meses. La patronal insiste en que flexibilizar los plazos y proteger los contratos vigentes permitiría conciliar eficazmente las políticas de salud pública impulsadas por el Gobierno con la supervivencia económica de las empresas y autónomos del sector.
